EL ESPAÑOL-Invertia ha contado con la participación de Luis González, socio de González Pulido Abogados y abogado especializado en Derecho de Extranjería, en un reportaje sobre la regularización de personas extranjeras y la situación del mercado inmobiliario español.
El artículo plantea que el acceso progresivo de las personas regularizadas al mercado formal del alquiler podría incrementar la demanda residencial. Sin embargo, los propios datos recogidos por el medio evidencian que el problema fundamental es anterior y mucho más profundo: España construye alrededor de 70.000 viviendas menos de las que necesita cada año y la creación de nuevos hogares continúa superando ampliamente el número de viviendas iniciadas.
Desde González Pulido Abogados rechazamos que se convierta a las personas inmigrantes en responsables de la crisis de vivienda en España. La escasez de vivienda asequible, el insuficiente parque público, la falta de oferta en alquiler y el reducido ritmo de construcción son problemas estructurales que no han sido provocados por la regularización.
La mayoría de las personas beneficiarias ya vivían en España y ya necesitaban una vivienda antes de obtener su autorización. Como explica Luis González en EL ESPAÑOL, muchas residían en habitaciones o pisos compartidos mediante contratos informales. La regularización no crea repentinamente nuevos habitantes: permite que quienes ya forman parte de nuestra sociedad puedan trabajar legalmente, cotizar, acreditar ingresos y acceder progresivamente a condiciones residenciales más dignas y seguras.
Responsabilizar a los inmigrantes del incremento de los alquileres desplaza el foco de las verdaderas causas del problema. Regularizar no significa conceder viviendas, hipotecas ni privilegios económicos. Las personas regularizadas deberán acreditar estabilidad laboral, capacidad de pago, ahorros e ingresos suficientes, exactamente igual que cualquier otro solicitante que quiera alquilar una vivienda o acceder a financiación bancaria.
La regularización favorece la integración laboral y económica, reduce la economía sumergida y permite formalizar relaciones laborales y contratos de alquiler. No debe presentarse como una amenaza para el mercado inmobiliario, sino como un avance en seguridad jurídica y cohesión social.
La intervención de Luis González en EL ESPAÑOL refleja el compromiso de González Pulido Abogados, despacho de extranjería en Madrid, con la defensa de los derechos de las personas migrantes y con un debate público riguroso, que no utilice a la inmigración como explicación simplista de una crisis estructural de vivienda.
