Introducción al caso
La Sentencia del Tribunal Supremo 1825/2025, de 10 de abril, resuelve un recurso de casación interpuesto contra la absolución dictada por la Audiencia Provincial de Valencia en un procedimiento por delito de frustración de la ejecución. Los hechos giran en torno a la transmisión de un inmueble embargado por parte de un deudor (Alexander) a su esposa (Marí Luz), mediante la extinción de un proindiviso, sin contraprestación económica, tras haberse decretado y anotado preventivamente el embargo en el Registro de la Propiedad.
¿Por qué se discutió el caso?
Tanto el Ministerio Fiscal como la acusación particular (Mitsubishi Electric Europe BV) sostenían que dicha transmisión suponía una maniobra de ocultación patrimonial encuadrable en el artículo 257.1.2º del Código Penal, al dificultar la ejecución forzosa de la deuda. Sin embargo, la Audiencia Provincial de Valencia absolvió a los acusados, decisión que fue recurrida en casación.
Claves de la decisión del Tribunal Supremo
El Alto Tribunal desestima los recursos de casación y confirma la absolución, aportando una importante doctrina sobre el art. 257 CP:
- El tipo penal protege el funcionamiento efectivo de los procedimientos de ejecución, no la mera comodidad o agilidad de los acreedores.
- No toda transmisión de bienes por parte del deudor constituye delito, incluso si dichos bienes están embargados, siempre que dicha transmisión no afecte de manera sustancial a la eficacia del embargo ya acordado y anotado.
- La anotación preventiva de embargo protege al acreedor frente a terceros adquirentes, conforme a los artículos 592, 658, 662 y 613 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.
- La intervención penal debe reservarse para casos donde realmente se comprometa de forma grave el resultado del proceso ejecutivo, no para cualquier dificultad procesal accesoria.
Doctrina jurisprudencial relevante
La sentencia profundiza en la configuración del art. 257.1.2º CP como un delito de peligro concreto que exige que el acto dispositivo genere un riesgo efectivo para el cobro del crédito. No basta con que se haya producido una transmisión de bienes si el embargo sigue siendo eficaz frente al nuevo titular, como ocurre cuando la carga está inscrita y es oponible frente a terceros (art. 662 LEC).
Importancia práctica para el derecho penal económico
La STS 1825/2025 delimita los contornos del delito de frustración de la ejecución en el contexto de transmisiones patrimoniales con cargas previas inscritas. Este pronunciamiento resulta especialmente relevante en litigios relacionados con:
- Pactos simulados entre cónyuges o familiares.
- Negocios dispositivos realizados durante procedimientos ejecutivos.
- Conflictos entre acreedores y terceros adquirentes.
Asesoramiento experto en derecho penal económico en Madrid
Esta sentencia demuestra la complejidad técnica de los procedimientos relacionados con el delito de frustración de la ejecución y la necesidad de un conocimiento profundo tanto del derecho penal económico como del proceso de ejecución y el derecho registral español.
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